El esclavista juez gringo Juan Torruella

El esclavista juez gringo Juan Torruella 

En días recientes salió en un periódico comercial de Puerto Rico la reseña y publicación completa de una conferencia que dictara en una institución académica de Estados Unidos de América (EE.UU.A.) el juez  del Distrito Federal de Apelaciones de Boston, EE.UU.A., Juan Torruella en la cual se incluyeron varias preguntas hechas al mencionado.  

En su conferencia el juez Torruella señaló varias veces la situación colonial existente en Puerto Rico disfrazado bajo el rimbombante nombre de Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y lo discriminatorio que ha sido y es el Gobierno de EE.UU.A. en su trato a los 3,500,000 habitantes a quienes el conceptúa, al igual que él,  como ciudadanos norteamericanos de los EE.UU.A. en Puerto Rico. 

El Juez sacó a relucir que esa situación comenzó desde el mismo momento en que EE.UU.A. plantó su bandera imperial en Puerto Rico al aplicarle el Tratado de Paz de París (10/12/1898) luego de haberlo negociado con España y en el cual los habitantes de Puerto Rico no participaron ni fueron consultados. Pasando a mencionar los llamados casos insulares sobre Puerto Rico del Tribunal Supremo Federal de EE.UU.A. Mediante los cuales ese tribunal legisló para establecer el precedente de que el Gobierno de EE.UU.A. podía tener territorios coloniales bajo su administración. Comenzando así la legalización del imperialismo estadounidense. 

También se manifestó a favor de que el Congreso de EE.UU.A. diera los pasos afirmativos para terminar con el coloniaje y en pro de la igualdad de los 3,500,000 ciudadanos americano residentes en Puerto Rico. Además, el mencionado reconoció su vinculación a los deportes marinos y su participación en diferentes eventos deportivos internacionales representando, según él, a Puerto Rico. 

De varias formas el entrevistador trató de que Torruella expresara su preferencia política en cuanto a resolver la situación colonial existente en Puerto Rico. Intentos inútiles porque siempre Torruella evadió definirse mientras acentuaba que sus conferencias las daba en su carácter de ciudadano y fuera de sus horas de trabajo. Y que siempre las comenzabas expresando lo anterior. Adicionalmente expresó que era imparcial y que se ajustaba al derecho y a las leyes al tomar sus decisiones judiciales aunque en algunos casos las leyes fuesen injustas en sus resultados. 

Al juez federal (del sistema federal de EE.UU.A.) le queremos aclarar ciertas cosas y recordarles otras porque es posible que en sus ochenta y tantos años la memoria le falle al igual que el razonamiento. 

Comenzamos aclarándole que en Puerto Rico existen 3,500,000 habitantes con ciudadanía americana (entiéndase estadounidense) y que esa realidad legal, como bien expresó,  es producto de la imposición de la misma por parte del Congreso Federal de EE.UU.A. mediante la Ley Foraker. Pero que hay un sector de puertorriqueños que reivindican su natural nacionalidad (la puertorriqueña) y sus derechos inalienables a la soberanía e independencia: Y que hay otro sector de patriotas que dieron un paso adelante. Que ejerciendo sus derechos inalienables a la soberanía e independencia - libre de tutelajes y sin pedirle permiso a EE.UU.A. -, fundaron el Estado Nacional Soberano de Borinken y su Gobierno Provisional con la ciudadanía boricua. Estos no le reconocen autoridad ni competencia alguna sobre sus personas al Gobierno imperial gringo (entiéndase EE.UU.A.) 

El juez Torruella podrá entenderse ciudadano gringo o yanqui aunque haya nacido en Puerto Rico (por algo es juez federal), pero no debe incluir a aquellos que virilmente por más de 117 años han reivindicado su natural ciudadanía, han reclamado desde principio del siglo XIX su independencia patria y su derecho a pertenecer al concierto de naciones libres. Su posición de sentirse y querer ser gringo es para nosotros entendible porque de traidores está llena la historia de la humanidad. Esos son carne putrefacta, son carne ña – como los calificó el patriota boricua Luis Lloréns Torres – que hay que lamerse, como hacen los perros, con todo y gusanos. 

Su gusto por los deporte marinos trae a colación una etapa de la lucha de la isla municipio de Vieques, Puerto Rico, por sacar o terminar las prácticas militares con armamentos vivos en el territorio de la Isla Nena. El Juez Torruella haciendo gala (tipo el personaje principal del programa televisivo Sea Hunt) de su capacidad de buzo se metió a bucear en aguas viequenses (repletas en su fondo de cientos de bombas, proyectiles y cohetes que explotaron y sin explotar producto de decenas de años de prácticas militares navales y aéreas) y determinó fría y objetivamente que esas prácticas militares de décadas - en donde participaban las flotas de la marina armada y de la fuerza aérea gringa acompañadas por sus pares de la OTAN y de la OEA – no habían causado daños, ni causaban daño a la ecología de Vieques. Sí, si, si, leyó bien. El Sea Hunt gringo no vio los inmensos destrozos a la ecología que a simple vista se veían (y se ven) desde cualquier bote que navegue en las cristalinas aguas de Vieques 

Una lástima que no fuese a bucear más veces para que su persona fuese sometida a las mismas condiciones contaminantes que los varones que vivían en la Isla Nena de los cuales muchos sufrieron y sufren cáncer en la próstata.  

Pero hay que tener presente que entonces Torruella era juez del Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico en Puerto Rico en donde se juzgan a los diz que ciudadanos americanos por leyes que no aprobaron, en idioma inglés (aunque no lo entiendan) y por jueces diz que americanos como el de apellido Torruella. ¡Qué muchas y muchos puertorriqueñas y puertorriqueños abusivamente metiste presos defendiendo los intereses de tu patria! Me refiero Torruella a EE.UU.A., que conste.  

Por último, queremos recordarle al ahora juez del Primer Distrito Federal de Apelaciones de Boston, su participación como juez en los “injunctions” contra la Hermandad General de Trabajadores de P.R. (HGT) y organizaciones fraternas radicados por las asociaciones de industriales, comerciantes y desarrollistas de Puerto Rico a  principio de los años ochenta del siglo pasado. 

La HGT era una organización sindical dirigida por Víctor Rodríguez y representada legalmente por el Lic. Moncho O’Neill, que incluía en su liderato a jóvenes adultos (Papo Castillo, Tony “Muralla” Muñoz, Tony Bernard, Carlitos Rivera, Benjamín Alemán, Rafael “Cano” Soto, Junito)   y  dentro de sus miembros a grandes sectores de los camioneros independientes de cargas de materiales con sus respectivos dirigentes por área geográfica. Estos últimos trabajaban bajo la reglamentación de la Comisión de Servicios Públicos de Puerto Rico (CSP). Agencia gubernamental que establecía las tarifas mínimas del transporte de materiales y/o agregados tomando en consideración el peso de la carga y la distancia recorrida. 

Los camioneros, por su parte les daban servicios de relleno a los desarrollistas, constructores y a los vertederos públicos de basura de Puerto Rico. Por su parte, los últimos hacían sus planes industriales, comerciales y financieros sin consultar con los camioneros, dando por sentado que estos les iban a prestar los servicios de acarreos de materiales a sus proyectos y vertederos cuando se los solicitaran aunque fuese en condiciones onerosas y peligrosas. Peligrosas, como en el caso de los vertederos de basura públicos donde con frecuencia sufrían serios accidentes y daños los camiones al ceder el terreno por el cual transitaban. Esos daños y deterioros en sus camiones los tenían que cubrir los camioneros. Mientras los administradores de los vertederos (en su mayoría cubanos exilados) se enriquecían y apoyaban la anexión de Puerto Rico a EE.UU.A. 

Como tercer personaje en la escena estaba la HGT que organizaba y representaba a un sector de la economía como es el de los dueños de los camiones que por jurisprudencia estaban clasificados como contratistas independientes. Y entre sus funciones estaba buscarles mejores condiciones de trabajo y de seguridad a los camioneros y negociar convenios de trabajo favorables para ellos como colectivo, incluyendo pagos por los servicios mayores a las tarifas autorizadas por la CSP. 

La HGT le presentaba en representación de los camioneros un pliego petitorio o proyecto de contrato de trabajo a los industriales, comerciantes y desarrollistas. Acto seguido estos se negaban argumentando que no existía una relación obrera patronal que los obligara a negociar lo que entendían como un contrato colectivo de trabajo. Y además expresaban que los camioneros estaban obligados a trabajarles porque así lo ordenaba la ley y reglamento de la CSP. La HGT y los camioneros en contestación se negaban a prestarle los servicios de acarreos de materiales y se plantaban a protestar (tipo bloqueo) en las entradas de los proyectos de los representantes de ese sector de la  burguesía industrial. Y como siempre surgían las confrontaciones, las agresiones, los arrestos y acusaciones policiacas (siempre de los camioneros y de los representantes de la HGT) Y las demandas judiciales de los empresarios contra la HGT y sus afiliados mediante el recurso especial conocido como cese y desistes o interdictos o injunctions en los tribunales del ELA. Tribunales en los cuales no pudieron imponerse los empresarios por los fundamentos que a continuación expresaremos.

   

Fallidos sus intentos en los Tribunales del dizque ELA, los empresarios recurrieron al Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico y les tocó en la sala que presidía el “honorable” juez gringo Juan Torruella. En su injunction le expresaban al Tribunal imperial que la HGT y sus afiliados violentamente les querían imponer ilegalmente un contrato colectivo cuando no existía una relación obrero patronal. Que violaban la reglamentación de la CSP al negarse a trabajar prestando los servicios de acarreos de materiales y al querer que les pagaran tarifas mayores de las establecidas por la CSP. Que sostenían paros (tipos huelgas) en las entradas de sus proyectos. Y que con sus actuaciones afectaban el comercio interestatal con EE.UU.A.   

Y además le solicitaban al Tribunal imperial por conducto de su juez Torruella que le ordenara a la HGT y a sus afiliados el cesar y desistir inmediatamente en sus actuaciones, que les ordenara a los camioneros a prestar sus servicios de acarreos de materiales en sus respectivos proyectos; más el pago de las pérdidas causadas. Y que de desobedecer los demandados a lo ordenado por el Tribunal los encontrara incurso en desacato penalizándolos con multa y cárcel. 

 

Los demandados, es decir la HGT y sus afiliados, contestaron de la misma forma que habían contestado el Lic. O’Neill los injuntions en los tribunales del ELA. De la siguiente manera: Que ellos no estaban en huelga ni en paro frente a los proyectos de los empresarios sino en asamblea permanente. Que lo que le solicitaban firmar a los empresarios era un contrato de servicios bajo su derecho constitucional de la libertad de asociación, y no un contrato colectivo bajo el derecho constitucional que cubría esa área.  Y que ellos no trabajaban porque obligarlos a trabajar era someterlos a un estado de servidumbre que es sinónimo de esclavitud lo cual estaba prohibido por la constitución de EE.UU.A. (la imperial) y por la del ELA (la colonial) 

En el desfile de pruebas los empresarios presentaron fotos de los plantones (asambleas permanentes), testimonios de policías del ELA sobre los actos violentos - que conllevaron arrestos y acusaciones – y sorpresivamente llamaron como testigos a los propios dirigentes, organizadores, representantes de la HGT (ya mencionados) y a  los camioneros sobresalientes (Francisco “Paco” Santiago –de -Caguas-, Efraín Flecha –Humacao- , “Gallego” -Cataño- Benjamín Alemán –Trujillo Alto-, “Ciso” –Mayagüez-, King Kong -Carolina-, Cabo Leo- San Juan-, Florentino “El Flaco” –Bayamón-,  por mencionar algunos) Confrontando a estos con sus escrito y con las fotos de su participaciones en los plantones y actos de confrontación para probar sus participaciones. Ninguno dudó en aceptar sus actos y escritos, como tampoco negaron ser concesionarios de la CSP y de que la reglamentación de esa agencia gubernamental les ordenaba prestar sus servicios bajo las tarifas establecidas a quienes se los solicitaran. Y de negarse les podían cancela su concesión y quitarle las placas a sus camiones sin las cuales no podrían trabajar. 

Y llegó la pregunta clave de los empresarios demandante por conducto de sus abogados –que se portaban como pavos reales por entenderse en su reino- : ¿De este honorable tribunal ordenarle que trabaje, usted trabajaría? Y vino la sorpresiva contestación, como gancho de izquierda a la mandíbula del inolvidable Esteban de Jesús que nunca vio Mano de Piedra Durán, “No trabajaré. Porque soy un hombre libre. Y obligarme a trabajar es someterme a la esclavitud. Ahí está mi concesión y están mis placas por si las quieren, pero no voy a trabaja aunque me lo ordene este tribunal y aunque me metan preso”.  

¡Sí, sí, leyó bien! 

Y así, uno tras otro, tras otro de los llamados a la silla testifical sostuvieron y  reafirmaron lo que el primero dijo: “No voy a trabajar aunque me lo ordene este tribunal y aunque me metan preso”. ¡Se les cayó el moco a los pavos reales al escuchar las contestaciones de aquellos varones! 

Lo que no sabían los empresarios y sus pavos reales era que esa pregunta se había contemplado en reuniones previas al juicio y que se se había acordado por los de la HGT la contestación expresada e ir todos a la cárcel de ser necesario.  

Por parte de los demandados no hubo desfile de prueba y se ajustaron a la contestación del injunction ya mencionada, presentadas por el Lic. Willie Abreu porque el Lic. O’Neill era uno de los demandados. 

A eso de las 2:00 de la mañana - en un juicio que había comenzado a las 9:00 de la mañana -, luego de haber terminado el desfile de pruebas y de retirarse a analizarlas en su privado en un receso declarado por él, el juez Juan Torruella regresó a su sala del Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico a dictar su sentencia. En la misma declaró con lugar el injuntion. Y les ordenó a los demandados “que trabajasen para los demandantes bajo apercibimiento de que si desacataban lo ordenado en la sentencia les aplicaría las penalidades de rigor”. Y acto seguido cerró los trabajos del tribunal.  

Sí, sí, sí sí, leyó usted muy bien. Es decir, el Honorable juez Juan Torruella les dijo a los demandados que eran unos esclavos obligados a trabajar en contra de su voluntad en pleno siglo XX aunque ambas constituciones lo prohibiera. Parió la mula, dirían en el barrio Alto del Cabro en la parada 15 de Santurce.  

Previo abandonar las facilidades del tribunal los abogados de los empresarios se acercaron a los demandados para acordar el comienzo de los trabajos. Y cuando estos les contestaron firmemente de que no iban a trabajar cambiaron inmediatamente de posición. Y aceptaron firmar las propuestas de contrato de trabajo que semanas antes le había hecho la HGT 

Por su parte el Lic. Abreu apeló la sentencia al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Boston. Y en menos de lo que se monda un guineo o plátano fue revocada la sentencia del esclavista juez Juan Torruella. El mismo que hoy se quiere dar golpes de pecho como defensor de la igualdad  de los derechos de los 3,500,000 residentes en Puerto Rico – que considera ciudadanos americanos como él –  amparados por la Constitución de EE.UU.A. a la cual le rinde total lealtad. 

Usted juez Juan Torruella carece de estatura moral y profesional para presentarse actualmente como defensor de la igualdad legal y jurídica de los ciudadanos de Puerto Rico porque usted prefirió hace varios lustros discriminar contra una organización de trabajadores y sus miembros sometiéndolos, cual vil esclavista, al yugo del capital que implica el comercio interestatal, que reconocerles su derecho a la libertad personal de trabajar o no trabajar de acuerdo a sus respectivas voluntades. 

Esperemos que en el tiempo que le resta como juez en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Boston no le toque revisar una sentencia similar a la por usted dictada del Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico porque es capaz de confirmarla. ¡Claro está, siempre y cuando afecte a puertorriqueños, porque si afectara a sus conciudadanos de los 50 Estados de los EE.UU.A. otro sería su cantar!  

Presumo que cuando termine en su función de juez federal ejercerá su libertad personal de expresión y se proclamará como lo que es, un le petit yanqui más. O como diría el ínclito Luis Lloréns Torre: PITIYANQUI. 

En Cherán Michoacán, México, a 26 de abril (mes de Betances) de 2016. 

Por Carlos Rivera